Fumata blanca
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| Sede del CGPJ |
Publicado en La
Opinión de Málaga el 30 JUN 2024 7:00
El Poder Judicial es el instrumento
que aplica la ley, pero no la crea, solo la interpreta y administra,
considerando, también, el espíritu que la enmarca
Ya era hora. Tras más de 5 años con
el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) caducado se ha llegado a un
acuerdo… ¡Felicitémonos! Un acuerdo que no sabe uno por qué no se había
consensuado antes, pues para este viaje no se necesitaba alforjas, aunque sí
nos lleva a elucubrar mil y una causas sobre el porqué el PP no ha querido
llegar a este mismo acuerdo hace tiempo, salvo ver en su conducta una clara
actitud filibustera, o sea obstruccionista.
Ya, de por si, en diciembre de
2018, se tendría que haber renovado el Consejo en base a la Ley Orgánica
4/2013, de 28 de junio, promulgada bajo mandato del propio PP, si no estoy
confundido. Lo curioso es que estando prácticamente consensuado, saltó por los
aires el acuerdo cuando, al senador popular Ignacio Cosidó, se le ocurrió
difundir aquel WhatsApp diciendo que era un buen acuerdo, ya que estaban
«controlando la sala segunda [la que juzga a los aforados] desde detrás y
presidiendo la sala 61» y el juez Marchena, propuesto para presidir la citada
sala, ante tal tesitura, optó por no aceptar el cargo. La jugada era maestra
considerando que había demasiados miembros del PP en situación procesal
complicada. Por tanto, tenía razón Cosidó por lo beneficioso del acuerdo para
el partido. Este texto dejaba en muy mal lugar al gobierno de los jueces, ya
que vieron cuestionada su imparcialidad y, desde entonces, la sombra de la
sospecha ha planeado sobre el PP al manifestar el Sr. Cosidó su interés en
colonizar el Poder Judicial para su propia defensa.
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Hemos de considerar que el CGPJ
elegido con anterioridad, o sea el año 2013, lo fue bajo una mayoría
parlamentaria absoluta del PP (186 diputados), que significó un mayor número de
magistrados a propuesta del Partido Popular, lo que le permitía cierta ventaja
o influencia por afinidad política; o sea, ser controlado políticamente a
través de los vocales nombrados por el partido. Esta circunstancia era
especialmente importante en tanto que el PP estaba incurso en algunos procesos
judiciales de singular relevancia. Tener y mantener el control o influencia
sobre el CGPJ era prioritario para afrontar la situación, quedando este bajo la
sospecha de la politización. Por otro lado, estando también el PSOE sometido a
procesos, quien pudiera ejercer mayor influencia sobre el CGPJ tendría mayor
beneficio.
De aquí que no quisieran renovarlo
posteriormente, cuando ya no tenía esa mayoría, buscando mil escusas para no
hacerlo, incluyendo evitar que el PSOE controlara el Consejo políticamente y
otras ya conocidas; pero se olvidaban a conciencia de que quienes lo estaban
controlándolo, en realidad, eran ellos. Decir que no quieres que se politice la
justicia mientras tú estás influyendo sobre ella es, cuanto menos, paradójico
e incongruente, por no decir otra cosa, en este caso secuestro del órgano
gestor de los jueces.
De los tres poderes, o patas, sobre
los que se sustenta la democracia, el más importante es el Legislativo, que es
el representante de la soberanía popular, o sea quien ha de prevalecer para
garantizar esa soberanía que le otorgamos todos los ciudadanos con nuestro
voto, que es nuestra fortaleza democrática. Él determina quién asume el Poder
Ejecutivo, quién ha de gobernar, por elección entre los diputados. Así debería
ser también con los órganos gestores de la Justicia, o sea su estructura de
mando. Si los propios jueces eligieran a sus mandos romperían el esquema
funcional de la democracia, acercándose a otro tipo de democracia, la Orgánica,
propia de otros regímenes.
El Poder Judicial es instrumental
por el hecho de ejercer la aplicación de las leyes y su interpretación de
acuerdo al espíritu que emana del Legislativo, con absoluta imparcialidad, lo
contrario sería prevaricar. Por tanto la libertad del Poder Judicial no debería
estar en entredicho por el órgano gestor, salvo que haya un descarado intento
de controlarlo, directa o indirectamente, al amparo de las ideologías políticas
que todo sujeto ha de tener, sea o no juez, pero nunca juez y parte, que es lo
que sospechamos en algunos casos. En conclusión, el Poder Judicial es el
instrumento que aplica la ley, pero no la crea, solo la interpreta y
administra, considerando, también, el espíritu que la enmarca.
Por tanto, si el Poder Legislativo
elige al Ejecutivo que gobierna la nación, por qué no ha de elegir quien
gobierna a los jueces en un sentido funcional, incluyendo que sea a propuesta
de los propios jueces, que ofrezcan un elenco de aspirantes a vocales para
conformar del CGPJ. Hay una cuestión de fondo que impregna a nuestra sociedad,
se trata del nepotismo. Tal vez esa tendencia histórica de arrimar el ascua a la
sardina de cada cual cree desconfianzas en los órganos gestores de todo nuestro
sistema administrativo.
En todo caso, la ley por sí misma,
ha de tener la fortaleza y la solvencia suficiente para asegurar una correcta
interpretación por el juez y amparada por las garantías que ofrecen los
posibles recursos ante órganos superiores. Pero, claro, es evidente que hay una
sombra de sospecha que se cierne sobre todo este proceso de elección del CGPJ,
donde las influencias de las orientaciones políticas de los vocales pueden
tener importancia en el desarrollo de su función gestora. Ya saben aquello de
la mujer del Cesar, también aplicable a la judicatura, hay que serlo y
parecerlo. En este sentido el magistrado ha de ser ejemplar y así lo esperamos
por su propia ética y profesionalidad.
En todo caso, la ‘fumata blanca’ ha
aparecido, la anomalía democrática y constitucional se ha salvado y volveremos
a tener un CGPJ que debería acometer con diligencia la normalización de la
actividad judicial, volviendo a impartirse justicia con mayor celeridad, porque
la justicia diferida en el tiempo deja de ser justicia. Para ello hay que
dotarle de medios y recursos con los que exigirle al nuevo Consejo que acometa
la gestión con solvencia y con la presteza requerida. Es tanto el trabajo
acumulado que ponerse al día costará demasiado.
Esperemos que se abra una etapa de
respeto y consenso para reforzar la institucionalidad democrática, donde se
vuelvan a imponer las elementales conductas basadas en el respeto al
contrincante y los acuerdos como forma de establecer sinergias, sin olvidar la
heterogeneidad que conforma el mundo de la política. Queda mucho por hacer tras
tanto desencuentro. De momento parece que, al menos, se pactan algunas normas
para evitar puertas giratorias con saltos de la política a la judicatura,
normas que, bajo mi criterio, eran estrictamente necesarias.
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